Historia

Por la Ley Nº 20.050, publicada en el Diario Oficial del 26 de agosto de 2005, se introducen diversas modificaciones a la Constitución Política de 1980, entre las que destacan aquellas sobre el Tribunal Constitucional, las cuales pueden sintetizarse de la siguiente forma: 

a)  Se amplía su número de integrantes de siete a diez: tres nombrados por el Presidente de la República, cuatro por el Senado (de los cuales dos son por libre elección y los otros dos por propuesta de la Cámara de Diputados) y tres designados por la Corte Suprema. Cada uno de estos Ministros duraría nueve años en sus funciones, quedando afectos a un régimen de incompatibilidades muy estricto que, entre otras prohibiciones, contempla la referida al ejercicio de la profesión de abogado y la judicatura. 

b) Se confía a la ley orgánica constitucional del Tribunal Constitucional la regulación de su organización, funcionamiento, planta de personal, régimen de remuneraciones y estatuto de su personal, lo mismo que lo referido a los procedimientos inherentes a sus competencias. 

c) Se unifica en una sola jurisdicción, que es el Tribunal Constitucional, el control preventivo y posterior de la constitucionalidad de la ley. Para estos efectos, el conocimiento y fallo de los recursos de inaplicabilidad pasa de la Corte Suprema al Tribunal Constitucional. 

d) Se entrega al Tribunal Constitucional la posibilidad de declarar inconstitucional, con efectos generales, un precepto legal que previamente haya sido declarado inaplicable, ya sea procediendo de oficio o mediante el ejercicio de una acción pública. 

 e) Se abre la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de autos acordados dictados por los tribunales superiores de justicia (Corte Suprema y cortes de apelaciones) y el Tribunal Calificador de Elecciones. 

f) Se amplía el control preventivo obligatorio de constitucionalidad a las normas de un tratado que versen sobre materias propias de ley orgánica constitucional. 

g) Se unifica, en una sola disposición constitucional, la competencia del Tribunal para examinar la constitucionalidad de los decretos supremos, sea que hayan sido dictados en ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución o de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República. 

h) Se introduce en la Constitución, explícitamente, el efecto que produce la sentencia del Tribunal Constitucional que acoge la inconstitucionalidad de un auto acordado de los tribunales superiores de justicia o del Tribunal Calificador de Elecciones, de un decreto con fuerza de ley o de un precepto legal declarado previamente inaplicable. En tales casos, el precepto se entenderá derogado desde la fecha de publicación, en el Diario Oficial, de la sentencia que acoja el reclamo. 

Por último, en esta etapa se avanzó, como nunca antes, en la igualdad genérica, pues en 2013 Marisol Peña se convirtió en la primera Presidenta del Tribunal. Posteriormente, María Luisa Brahm (2019 – 2021), Nancy Yáñez Fuenzalida (2022 – 2024) y Daniela Marzi Muñoz (2024 – 2026) también llegaron a la Presidencia. Además, en 2025 se vivió otro hito, ya que, a partir de ese año, el Pleno de Ministras y Ministros tuvo mayoría femenina (seis mujeres y cuatro hombres), algo que jamás había ocurrido en las altas magistraturas del país.