Quien encabeza esta Magistratura, Ministra María Pía Silva Gallinato, intervino junto a presidentes y jueces de tribunales constitucionales, supremos e internacionales de 16 países, en un seminario internacional que abordó los desafíos que plantea la situación climática para los sistemas de justicia y la protección de los derechos humanos.
La Presidenta Silva participó los días 6 y 7 de octubre la instancia “Jueces, Litigancia Climática y Derechos Humanos: Un diálogo entre jueces latinoamericanos y caribeños con cortes constitucionales, supremas e internacionales del mundo”, realizado en la sede de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, en la Ciudad del Vaticano. La actividad reunió a cerca de 60 participantes, entre ellos Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos, Portugal, Francia, España, Italia, Guyana y República del Congo. Entre los asistentes se encontraban autoridades y magistrados de la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, así como de diversos tribunales constitucionales y cortes supremas.
El encuentro fue organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC), con el patrocinio de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, y contó con la participación del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU). La coordinación científica estuvo a cargo del Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Brasil, Antonio Herman Benjamín./p>
En este contexto, la Presidenta del TC de Chile integró el primer bloque de exposiciones, junto a autoridades judiciales internacionales, entre ellas la jueza de la Corte Internacional de Justicia Sarah H. Cleveland; el Presidente de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Blaise Tchikaya; la jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Ana María Guerra Martins; la Presidenta de la Corte Suprema del Perú, Janet Tello Gilardi; la Presidenta del Centro de Derechos Humanos y Ambiente, Romina Picolotti; y el expresidente de la Corte IDH, Eduardo Ferrer Mac-Gregor.
Protección medioambiental en Chile
En su intervención, la Presidenta Silva explicó que la protección del medio ambiente constituye un imperativo constitucional para el Estado de Chile (artículo 19 N°8 CPR). Esta norma reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y establece el deber estatal de velar por que este derecho no sea afectado y de tutelar la preservación de la naturaleza, permitiendo además que la ley establezca restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Según destacó, se trata de una regulación de carácter integral, pues junto con reconocer un derecho fundamental contempla mecanismos para su protección, impone obligaciones al Estado y permite conciliar la protección ambiental con el ejercicio de otros derechos. Asimismo, vinculó este mandato con el artículo 5° constitucional y con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados y vigentes en Chile.
La Ministra Silva destacó que, a partir de este marco constitucional, el TC ha construido durante casi dos décadas una protección robusta de la naturaleza en su dimensión objetiva, a través del ejercicio de sus distintas atribuciones. Explicó que, si bien este Tribunal no se ha pronunciado sobre litigios climáticos que persigan directamente la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sí ha resuelto controversias relacionadas con la protección de territorios expuestos, el acceso a información ambiental, la evaluación de impacto ambiental, la reparación de daños y la responsabilidad empresarial, entre otras materias. En este desarrollo jurisprudencial, señaló, han adquirido relevancia los principios preventivo y precautorio, así como la reparación del daño ambiental y la protección de intereses difusos y de las futuras generaciones.
La Presidenta del TC sostuvo además que el mandato constitucional de protección ambiental, desarrollado posteriormente por el legislador, ha dado lugar a un auténtico “orden público ambiental”, integrado por principios, reglas e instituciones destinadas a proteger y regular el bien jurídico medioambiental y la naturaleza. En este marco, destacó la institucionalidad ambiental chilena, que comprende organismos administrativos reguladores y fiscalizadores, como el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, además de los tribunales ambientales como órganos especializados para resolver controversias de carácter técnico. Al concluir, la Ministra Silva subrayó que, aunque la Constitución chilena no reconoce expresamente a la naturaleza como sujeto de derechos, ello no ha impedido construir jurisprudencialmente un estatuto robusto de protección ambiental, sustentado en el orden público ambiental y en los principios preventivo y precautorio.
Diálogo entre las altas jurisdicciones frente a la actualidad climática
El propósito central del encuentro fue promover el intercambio de experiencias entre las máximas jurisdicciones y avanzar en una agenda judicial compartida frente a los desafíos que plantea la situación climática, particularmente en su relación con la protección de los derechos humanos.
Durante las dos jornadas se analizó el documento “Lineamientos y Estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de Litigio Climático”, elaborado por el IFBC a partir de la Opinión Consultiva OC-32/2025 de la Corte IDH.
La instancia buscó, asimismo, identificar desafíos y buenas prácticas, favorecer criterios comunes para la aplicación de estándares internacionales y fortalecer la cooperación entre los tribunales frente a una problemática de alcance global. Como resultado, se contempló la elaboración de un documento de conclusiones y recomendaciones destinado a contribuir a la implementación de estos estándares en los distintos países.
