El lunes 27 de abril de 2026, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el Tribunal Constitucional de Chile participó en la ceremonia de Cuenta Pública correspondiente a la gestión 2025 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La actividad contó con la presencia de la Ministra Catalina Lagos Tschorne, quien asistió en representación de esta Magistratura.
La instancia constituyó un ejercicio de rendición de cuentas orientado a informar sobre la gestión institucional desarrollada por el INDH durante el período 2025, así como sobre las principales líneas de trabajo impulsadas por dicho organismo en el marco de su mandato legal.
Durante la ceremonia, el Director del INDH, Yerko Ljubetic, destacó la importancia de la rendición de cuentas como mecanismo de transparencia y control institucional, presentando los principales resultados de la gestión anual. Entre ellos, se informó un incremento en las actividades de promoción de Derechos Humanos y una amplia participación ciudadana en iniciativas desarrolladas a nivel nacional, con más de 57.000 personas en todo el país.
Asimismo, se dio cuenta de diversas líneas de trabajo vinculadas con acciones judiciales, elaboración de informes anuales y formulación de recomendaciones a órganos del Estado, en materias relacionadas con la promoción y protección de Derechos Fundamentales. En el Balance, se destacaron intervenciones judiciales ante las Cortes de Apelaciones para garantizar el acceso a la salud mediante la cobertura de tratamientos médicos de alto costo, y la persecución de delitos graves como la trata de personas y la violencia de género.
La actividad contó, además, con la participación del Ministro de la Corte Suprema de Chile, Leopoldo Llanos; del Subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira; del Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, además de parlamentarias, parlamentarios y representantes de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.
La participación del Tribunal Constitucional en este tipo de instancias reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, el diálogo interinstitucional y la promoción de una cultura de respeto y garantía de los derechos fundamentales, en el marco de las competencias que la Constitución y la ley le confieren.
